María
Anastasia O´Grady
El
acuerdo del presidente de Colombia con los terroristas de las FARC, que se
demoró seis años en negociarse y fue rechazado por los colombianos, quedó
"arreglado" en apenas seis semanas…
La
agenda comercial de Donald Trump es extremadamente preocupante para América
Latina.
Sin
embargo, en asuntos de seguridad regional, es probable que el enfoque del
presidente electo de Estados Unidos sea un cambio bienvenido para las fuerzas
democráticas del hemisferio.
Esa
hipótesis cobró fuerza el sábado en la noche cuando el presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, apareció en televisión para decirles a sus compatriotas que
su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían
finalizado una versión enmendada de su acuerdo de “paz”.
Santos
prometió que el nuevo texto respondería a muchas de las objeciones que los
colombianos tenían con la versión original, que la nación rechazó en un
plebiscito celebrado el 2 de octubre.
Este
es un hombre que tiene prisa.
Que le haya
llevado al gobierno, como lo reconoció el mandatario en su discurso, seis años
de negociaciones para firmar el acuerdo al que los colombianos le dijeron “no”
y apenas seis semanas para hacerlo aceptable entre sus compatriotas pone a
prueba la credulidad.
El
propio Santos parece no creerlo, lo que explica por qué parece ahora que el
mandatario ha abandonado su promesa de que cualquier acuerdo tendría que ser
aprobado por una consulta popular en un proceso de votación justo.
La
BBC reportó el sábado en la noche que Santos acudiría sólo al Congreso, el cual
controla, para convertirlo en ley.
Santos le dijo
al país que completar el acuerdo es urgente.
Sin
embargo, su discurso del sábado por la noche, cuando pocos colombianos prenden
el televisor, sugiere que ya no está tratando de convencer a sus compatriotas.
El mandatario
parece estar apostando al respaldo internacional para salvar su agenda.
Para eso, requiere
sellar el acuerdo antes de que el presidente Barack Obama deje la Casa
Blanca.
Necesita
el respaldo de alguien.
El
miércoles, el ex director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la
Fiscalía General de Colombia ofreció un testimonio creíble a la Corte Suprema
de Justicia en Bogotá que en 2014 formó parte de un esfuerzo de campaña de
reelección de Santos para desacreditar al candidato de la oposición, Óscar Iván
Zuluaga, con acusaciones de escuchas telefónicas ilegales. En una elección muy
reñida, Zuluaga perdió.
El testimonio
del investigador judicial sacudió la nación y plantea dudas sobre la
legitimidad del segundo mandato de Santos.
El
presidente de Colombia se ha apoyado en gran medida en Obama para avanzar su
agenda de “paz”.
Ese
respaldo no se ha limitado a la decisión del presidente estadounidense de
despachar a un enviado para que se sentara en la mesa de negociación en La
Habana.
En
el caso de la extradición a EE.UU. del ex ministro de Agricultura de Colombia,
Andrés Felipe Arias, que tendrá el jueves una audiencia en la corte federal de
Distrito Sur de Florida, el Departamento de Justicia del gobierno de Obama
invocará un tratado que no existe, en un intento de ayudar a Santos a poner
tras las rejas a un enemigo político.
Cuesta imaginar
a un gobierno de Trump haciendo el mismo tipo de favores a Santos.
En
2010, Arias era un candidato líder para suceder a Álvaro Uribe Vélez en la
presidencia hasta que acusaciones rebuscadas lo vincularon con un plan de
corrupción que surgió misteriosamente en la prensa colombiana.
Como
escribí en una columna de septiembre, el
ex funcionario fue luego condenado por la Corte Suprema de Justicia de
beneficiar ilegalmente a terceros, a pesar de no tener evidencia de que el ex
ministro tenía conocimiento del fraude o de que se enriqueció o se benefició
personalmente o a su familia.
Este
“delito” en Colombia no existe en las leyes de EE.UU.
Un
testigo clave también admitió durante el juicio que todo formaba parte de un
ardid para destruir la carrera política de Arias.
El
ex ministro tuvo sólo una oportunidad para demostrar su inocencia ante la
corte.
No
hay un proceso de apelación.
En junio de
2014, huyó a EE.UU. y solicitó el asilo.
El
24 de agosto de este año, alguaciles federales lo detuvieron en cumplimiento
del pedido de extradición de Santos.
El
momento del arresto en Miami —el mismo día que Santos anunció su acuerdo en La
Habana, respaldado por Raúl Castro y por Obama— pareció una coincidencia poco
probable dado que el gobierno de Santos había solicitado la extradición dos
años antes.
Los colombianos
lo interpretaron como un mensaje para Uribe, quien sigue siendo cercano a
Arias, un protegido suyo, y quien lideró la oposición al acuerdo con las FARC.
Habría
sido demasiado arrestar a Uribe, pero la detención de Arias en EE.UU. fue un
golpe para los uribistas.
El
Departamento de Justicia argumenta que el ex ministro tiene que ser devuelto a
Colombia en conformidad con un tratado de extradición con Colombia.
Lo irónico es
que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha fallado en dos ocasiones que el
tratado, que hace un llamado a la reciprocidad, no está en efecto porque nunca
fue ratificado apropiadamente.
El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no lo reconoce y Santos ha
declarado que no está obligado a satisfacer las solicitudes de extradición de
EE.UU.
Uribe
ha presentado una declaración ante la corte federal en Miami argumentando que
no hay tratado.
La persecución
de Arias, con la ayuda de Obama, es el tipo de trucos sucios que le han restado
popularidad a Santos y que han causado que pocos le tengan confianza en
Colombia.
Ni
él mismo cree que se pueda recuperar.
La apuesta de
Santos es al apoyo internacional, lo cual es la razón por la que está
tratando de apresurar este acuerdo mientras él y los hermanos Castro aún tengan
el respaldo de Washington.
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