Fuente: CLARIN
Niego
terminantemente haber participado de actividades de espionaje ilegal.
Mi
llamado a indagatoria supone un paso hacia la criminalización del ejercicio del
periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K.
Mi
indagatoria había sido solicitada al juzgado de Dolores por el “productor
agropecuario” Pedro Etchebest y el empresario K: Mario Cifuentes, entre otros,
luego de una organizada presentación en cadena de ex funcionarios K encabezado
por el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
Lamento
que la jurisdicción de Dolores se haya hecho eco de una maniobra que busca
callar mis investigaciones sobre corrupción.
Ya
se había empezado a investigar mi teléfono celular, pese a fallos de la cámara
federal porteña que habían incluido las comunicaciones de un periodista dentro
del secreto profesional consagrado por la Constitución Nacional, lo
que significa otra violación de mis derechos.
No coercioné a
un ex directivo de PDVSA, ni tampoco al empresario Mario Cifuentes.
Por
otra parte, el juez me acusa “de la realización conjunta de un libro” con
D’Alessio en referencia a mi último libro “El Mecanismo”.
Con solo pedir
el contrato a la editorial se comprueba la falsedad de la afirmación.
D’Alessio
aparece en un solo capítulo entrevistado on the record y sus dichos fueron
confrontados por dos ex funcionarios de ENARSA.
Desde
el año 1995 cubro temas vinculados a la justicia.
Por
esta razón, cuento con más de cien fuentes de información, entre las que se
encuentran jueces, fiscales y abogados.
Una
de ellas fue Marcelo D’Alessio, quien según yo creía era un abogado penalista
experto en narcotráfico.
Este
fue mi fuente en solo cuatro o cinco de los temas que investigo.
Yo
escribo un promedio de cien notas por año.
Sobre
las acusaciones que me formula el juez Ramos Padilla hago una serie de
aclaraciones.
En
la última semana de diciembre de 2018, D’Alessio me preguntó si me interesaba
entrevistar a un ex director de PDVSA Argentina, que luego resultó ser Gonzalo
Brusa Dovat.
Le
dije que no tenía tiempo, porque me iba de vacaciones el 1° de febrero de 2019.
Me
dijo que, entonces, le daría la entrevista a “La Nación”, por lo que finalmente
acepté, pues consideré que era una nota relevante.
En
las conversaciones previas a la entrevista, D´Alessio me preguntó si iba a
llevar un fotógrafo del diario –como dicen los chats–, a lo que le contesté “si el tipo acepta, lo grabamos con el
celu”, por lo que resulta evidente que yo requería la aceptación del
entrevistado –quien, como dije, yo no sabía quién era hasta el momento de la
entrevista–.
Yo
tampoco sabía que Brusa Dovat se había reunido con el periodista Rolando Graña
y el comisario Degastaldi antes de la entrevista, como se sabe ahora, y que le
había preguntado a D’Alessio si venía a la entrevista “de civil o corbata”,
como diría en los chats de D’Alessio.
El miércoles 30
de diciembre de 2018, presentado por D’Alessio, conocí a Gonzalo Brusa Dovat.
Le
pregunté si aceptaba ser entrevistado “on the record” y le expliqué que esa
frase significaba dar su nombre y citar sus declaraciones en un medio
periodístico importante como el diario Clarín.
Me
respondió afirmativamente.
Unos
minutos antes de que llegara, D’Alessio me había dicho que se llamaba Gonzalo
Bruzoni, y así lo anoté, nombre que luego resultó equivocado.
Luego
le pregunté si me daba su consentimiento para grabarlo con mi celular, a lo que
también accedió.
Lo
entrevisté frente a unas cien personas que, ruidosamente, almorzaban en el
restaurante Sarquis, ubicado en el barrio de Palermo, aunque algunos medios lo
presentaron como parte de una oscura y siniestra extorsión.
En
su testimonial, el mismo Brusa Dovat dice: “Me
vuelve a preguntar Santoro si estoy de acuerdo en hacer la entrevista, y mi
respuesta ante esa situación obviamente es que sí”, según la versión que
fue publicada por varios medios.
Brusa
Dovat me dijo, entre otras cosas, que había sido despedido y que no tenía
trabajo.
Que tenía un
juicio laboral contra PDSVA y que había sido amenazado por los servicios de
inteligencia de Venezuela; incluso, que había echado a un par de ellos con un
bate de béisbol. D’Alessio le dijo que la mejor forma de protegerse de las
amenazas era hacerse conocido en los medios.
Posteriormente,
ratificó todo lo que me dijo a mí en sendas entrevistas realizadas por los
periodistas Rodrigo Alegre (de TN) y Eduardo Feinmann y Rolando Graña, del
Grupo América.
Por
otra parte, jamás mandé un mensaje mafioso ni participé de una coerción contra el
empresario y dueño de la empresa OPS Mario Cifuentes.
Mis
notas sobre Cifuentes están basadas en una investigación que realizó, primero,
el diario Río Negro, luego el Diario La Nación, y yo continúe en el Diario
Clarín.
Ello
así, pues es un caso de interés público, en la medida que se trata de un
contratista del Estado con una deuda millonaria con la AFIP.
La
principal fuente de las notas, resulta obvio, es la denuncia del diputado de
Cambiemos, Leandro López Koeing.
También
hay informes que envió la PROCELAC al Juzgado Federal de Neuquén.
Desconocía,
hasta el trámite de esta causa en Dolores, que D'Alessio lo hubiera
supuestamente presionado para que venda su empresa de servicios petroleros OPS,
en Neuquén, la que fuera declarada en quiebra. Mucho menos sabía o autoricé que
se usara mi nombre para ello.
Como
confirmación de ello, en declaraciones periodísticas, el diputado López Koeing
dijo que “en la causa hay dos reportes
de operaciones financieras sospechosas de la Unidad de Información Financiera
según los cuales Cifuentes a través de paraísos fiscales sacó fondos en negro
de la Argentina que terminaron en España y, sin embargo, no se avanza”.
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