Concejales de Río Gallegos

Diego Robles y Pablo Grasso, un binomio que cree que con el relato puede seguir embaucando al ciudadano común

Concejales de Río Gallegos quiere aprobar un impuestazo a los combustibles para financiar el déficit que ellos mismos generan

En los últimos días el Ejecutivo municipal de Río Gallegos pretendió emular a los kirchneristas que gobiernan la provincia de Buenos Aires y al presidente mendaz que asumió el 10 de diciembre pasado, Alberto Fernández, quienes en campaña dijeron una cosa y ni bien llegaron, hicieron otra.

En el caso del actual presidente no sorprende que haya mentido, porque ha dejado suficientemente demostrado su doble estándar, su doble faz y su permanente contradicción en las supuestas verdades que decía antes y lo que dice actualmente.

Por ejemplo, de quien es su vicepresidente cuando hablaba pestes o de la propia muerte del fiscal Nisman, a quien en el 2017 no le cabía duda que había sido asesinado y dos años después considera que se suicidó.

Fernández dijo en campaña que nunca haría un ajuste como el de Macri.

Lo primero que hizo fue darse súper poderes, aplicar el plan de emergencia,

meter una devaluación del 30%, hacer un ajuste para complacer al FMI, congeló las jubilaciones (menos las de ellos),

bajó un impuestazo brutal con “forma de aporte solidario” (¿?), reinstaló el IVA,

aplicó un ajuste sin precedente y disfrazó semánticamente su falta de ideas, programa y plan de gobierno y económico, con títulos y nombres exactamente contrarios a la realidad de lo que ordenaba.

Tenía razón Fernández, nunca haría un ajuste como el de Macri, fue peor.

Eso sí, le cambió el nombre a todo para embaucar a todos y todas de que lo mismo es distinto si quien lo dice y aplica es el kirchnerismo, tan sagaz en esto de engañar, mentir y reformular la historia a partir de sus propios intereses.

Así palabras como “ajuste” pasaron a ser “decisiones patrióticas solidarias”;

el impuestazo se llamó “Ley solidaria” y el congelamiento de jubilaciones por 180 días fue denominado “aporte solidario”.

Nada nuevo bajo el puente.

En Santa Cruz el kirchnerismo hizo lo mismo hace muchos años cuando implantó el “Impuesto solidario” que compulsivamente son obligados a pagar, con descuentos efectivos en sus jubilaciones, quienes nunca dieron su consentimiento de ser los pavos de la boda, aportando dinero para el sostenimiento de la Caja de Previsión Social que el mismo kirchnerismo ha defaulteado en más de 30 años de intervención.

Lo mismo pasó con Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, donde intentó aplicar un impuestazo descomunal con más del 75% de aumento de la carga impositiva, que destruye a comerciantes, clase media y trabajadores, pero donde hubo un poco más de conciencia por parte de la oposición y debió dar marcha atrás.

Aunque esas medidas siempre quedan sujetas a “negociaciones” oscuras con los intendentes que en su mayoría solo miran qué les toca y cuánto pueden rasguñar de la torta.

Si eso es posible, el excéntrico gobernador no tendrá límites para aplicar su ajustazo.

El ejemplo local

En Río Gallegos, el intendente Pablo Grasso y su Ministro de Hacienda Diego Robles, no han tenido mejor iniciativa que sus pares nacionales ni han brillado por la concepción de un plan integral para hacer frente al déficit municipal.

Entre sus “magistrales ideas”, pretendieron aplicar un impuestazo a los combustibles, con el fin de ampliar la recaudación y de esa manera contribuir a agrandar una caja que le permita sostener y ampliar el déficit municipal, sin tocar un solo elemento del elefante blanco que es el municipio local con más de 4.000 empleados, muchos más que distritos de Buenos Aires que tienen arriba de 1 millón de habitantes.

Es decir, los iluminatis de la Municipalidad de Río Gallegos, el nuevo intendente y su hombre de finanzas, se sentaron a fines de diciembre y dijeron “vamos a buscarle la vuelta para que todos paguen algo, pero sin que tenga opción de no hacerlo”, esto es:

Algo que como el IVA, sea ineludible.

Y para eso cayeron en la cuenta que la aplicación de un impuesto a la carga de combustible, era el medio ideal para lograr que nadie “evada” y todos caigan en la misma bolsa (ricos, clase media y pobres).

Ya lo hizo José María Carambia en Las Heras, donde la ciudadanía nada dijo de este atropello y el intendente (reelecto) se da el gusto de tener los combustibles más caros de la provincia y el pueblo paga sin hacer objeción.

Por supuesto acompañado de los que debieran ser oposición y no lo son en el C.D., que como en Río Gallegos, son actores obedientes de las decisiones del Ejecutivo.

Ahora bien, a Grasso y a Robles se les presentaba un dilema:

Sacar un impuesto nuevo era echar nafta (para hacerlo temáticamente concordante) al fuego de la recesión que vive Santa Cruz, donde el comercio está deprimido, no existen industrias, se sobrepone al ajustazo del gobierno nacional, la inflación imparable y la población en un 75% está directamente vinculada al Estado.

Y entonces apareció la ingeniosa ocurrencia de algunos de estos políticos de cabotaje que nos deleitarán con sus pases de magia en los próximos cuatro años:

Disfrazar el título del impuesto para que todos lo paguen contentos, diciendo que en realidad se trata de una “tasa”, es decir un tributo imponible pero el cual conceptualmente es instituido a cambio de un servicio que presta el Estado…

Y la municipalidad de Río Gallegos, lejos de brindar un servicio, lo pretendía aplicar para financiar un déficit monstruoso que la lleva a sostener más de 4.000 salarios sin ninguna retribución de servicio hacia una ciudadanía que vive entre la mugre, los perros, los pozos, veredas rotas, mobiliario urbano destruido o pintados o vandalizado, canteros y bulevares descuidados, llenos de pasto seco y bolsas de nylon arrastradas por los vientos, residuos por cualquier lado y los sobreprecios por cualquier obra que se haga en la ciudad y se venda como logros de una administración que dice más de lo que hace, como la anterior del inefable Roberto Giubetich (UCR).

Lo cierto es que se levantaron algunas voces desde el entorno gremial y comercial de esta capital y a pesar de la defensa de “la Tasa Vial”, que hicieron el propio Grasso, Robles y la novel Secretaria de Gobierno Municipal Celina Mansilla, el intendente tras una orden política de “más arriba”, decidió dar marcha atrás y bajar el impuesto.

Con esta medida, quienes quedaron realmente mal fueron los recientemente asumidos Concejales de la ciudad, quienes levantaron la mano obedientes de las órdenes recibidas y tras la vergonzosa aprobación de un impuesto a los combustibles que íbamos a pagar todos, ahora se vieron estúpidamente usados para aprobar un impuestazo que los expuso ante sus votantes, mientras “el honor” de suprimirlo, se lo llevó (supuestamente) el intendente Grasso, el mismo que los emplazó a aprobarlo en el CD.

Entre las falacias con las cuales Grasso, Robles y Mansilla intentaron embaucar a la ciudadanía, figuran la primera que ya nombramos (mencionar Tasa a un impuesto nuevo) y la segunda señalar que “la Tasa Vial” era para las concesionarias de combustibles y no recaería en el bolsillo de quienes cargamos combustible a diario.

Esto tenía un origen en el relato K de que este gobierno (nacional, provincial y municipal) “ataca a los que más tienen, en beneficio de los que menos tienen”.

Esta falacia “Robin Hood” de populismo barato K es de un infantilismo tan desmesurado que produce una reacción inmediata en la gente, genera un rechazo no solo de la medida sino de los proponentes e inmediatamente se produce una desconfianza colectiva respecto de quienes aparecen como engañadores seriales, ante una realidad angustiosa como la que le toca vivir al vecino de Río Gallegos, quienes conviven en una ciudad sin planificación ni servicios, ni la mínima idea de qué hacer por parte de los sucesivos intendentes que solo la han engordado de empleados y déficit, el cual recae (como siempre) en los pocos que aún pagan sus impuestos.

Pretender que se les aplica una “tasa vial” a los estacioneros y que estos la van a absorber sin trasladarla a los precios es una lisa y llana estupidez.

Y en este punto caben dos opciones:

O Graso y Robles han tomado a todos por estúpidos o son dos ineptos en materia de gestión, búsqueda de alternativas, creatividad para articular recursos o para administrar la coyuntura, que solo pueden crear nuevos impuestos como única respuesta en la emergencia (como lo hacen sus pares nacionales), en vez de utilizar el cerebro para buscar una salida menos punitiva para el ciudadano que ya está harto de tanta mentira, mezquindad, inutilidad política y oportunismo…

En vez de buscar la solución dentro del propio Estado donde se deben hacer las correcciones obligadas que demandaría un político serio como sería terminar con los ñoquis, reducir los planteles reacomodando funciones, dejar de ingresar gente (provincia en 4 años ingresó 5 personas por día), cuidando el dinero público sin pagar sobreprecios ni inventar obras para gestionar recursos espurios y administrar mejor la recaudación, ampliar los planes de facilidad para morosos, intentar meter al circuito de pago a quienes han dejado de hacerlo e incentivar al vecino a aportar con su esfuerzo, mostrándole que la ciudad avanza y crece en materia de servicio e infraestructura.

Pero no; nada de eso se les ocurre a Grasso y Robles.

Es mucho más fácil meterle la mano al bolsillo a la gente que quizás votó al intendente convencido de que podría hacer algo distinto y hoy se encuentra que el gatopardismo político del cual hace gala, le hizo perder en el primer round cuando junto a su especialista en finanzas, le quiso mentir a la sociedad a la cual hace más de 30 años le vienen mintiendo y metiéndole la mano al bolsillo con las más variadas excusas.

(Agencia OPI Santa Cruz)