Por Roberto Cachanosky
Luce
realmente fuera de toda lógica que en el medio de una convocatoria de
acreedores el Poder Ejecutivo decida intervenir una empresa en la que se
requiere poner dólares para que pague sus deudas
En toda
convocatoria de acreedores, como ese el caso de la empresa Vicentin, el juez de
la causa nombra un síndico que controla que se respete el plan presentado por
los deudores para hacer frente al pago a los acreedores, oportunamente
acordado.
No
hacía falta la intervención del Gobierno (Presidencia)
.
El
síndico solo interviene si, por ejemplo, los accionistas quieren vender algún
activo importante que le quite solvencia a la compañía e impida pagar las
deudas en el futuro en caso de ir a la quiebra.
De
ahí que no tenía sentido la decisión del Gobierno nacional de intervenir la
compañía.
Es
más, para recurrir a la intervención el Poder Ejecutivo cita en el decreto
522/2020, del 9 de julio pasado, en la página 3, la ley a la que recurre para
justificar el acto: “asimismo se dispone la ocupación temporánea por sesenta
(60) días de la sociedad Vicentin S.A.I.C. en los términos de los artículos 57,
59 y 60 de la Ley 21.499, la que se dispone administrativamente en razón de
utilidad pública y con el objeto de asegurar la continuidad de la empresa, la
preservación de sus activos y de su patrimonio, y la protección de los puestos
de trabajo en peligro, lo que se vuelve urgente en el marco de las emergencias
dictadas por la Ley N° 27.541 y la situación de emergencia sanitaria inédita
que vive el país, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la
soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en
la economía.”
Cabe recordar
que la ley 21.499 fue promulgada por el gobierno de facto de Jorge Rafael
Videla el 17 de enero de 1977, la cual estaba destinada a regular el
procedimiento de la expropiación en los términos del artículo 17 de la
Constitución Nacional.
Pero lo curioso
es que el artículo 17 dice que la utilidad pública debe ser establecida por una
Ley del Congreso Nacional, a través del tratamiento
parlamentario, el cual estaba cerrado por la intervención militar.
Por
tanto, en el caso Vicentin el presidente Alberto
Fernández se basa en una ley de un gobierno inconstitucional.
Forzado
el marco legal para intervenir la empresa, tema que no es menor porque queda el
precedente de que por un simple decreto presidencial pasen a estar sujetas a
intervención todas las empresas de Argentina, dudo de que haya interés en
hundir inversiones de largo plazo, dada la fragilidad que tiene la propiedad
privada.
Dado
que queda el precedente de que por un simple decreto presidencial pasen a estar
sujetas a intervención todas las empresas de Argentina, dudo de que haya interés en
hundir inversiones de largo plazo, dada la fragilidad que tiene la propiedad
privada
Y
hay que recordar que la prosperidad económica de los países está atada a la
calidad institucional.
A
la seguridad jurídica que debe imperar.
Sin
ese prerrequisito, no habrá inversiones multiplicadoras de empleo y se estará
condenado a los habitantes a una creciente pobreza, desocupación y bajos
salarios.
El argumento de
que el Estado quiere ayudar a los productores agropecuarios luce realmente
insólito,
a saber:
1)
porque Vicentin está en convocatoria de acreedores y el Poder Ejecutivo, que
dice que va a salvar la empresa, también está en convocatoria de acreedores
porque está negociando una deuda pública que no puede pagar. Debe ser un caso
único en la historia que alguien que está en cesación de pagos diga que sale en
salvataje de quien está negociando una reestructuración de sus deudas con
proveedores y bancos. Dicho más directamente, un gobierno que no puede pagar su
propia deuda y además su principal fuente de ingreso es la emisión monetaria
del Banco Central, ¿pretende pagar la deuda de Vicentin? ¿Con qué lo va a pagar
si los recursos impositivos no le alcanzan ni para hacer frente a los gastos
corrientes?
Un gobierno que
no puede pagar su propia deuda y además su principal fuente de ingreso es la
emisión monetaria del Banco Central,
¿pretende
pagar la deuda de Vicentin?
2)
Porque no es cierto que se esté resguardando la soberanía alimentaria. El 85% de la facturación de Vicentin está
concentrada en la molienda de granos y en la producción de biodisel. Las
empresas del grupo dedicadas a alimentos, como son sus frigoríficos y la
producción de aceite, representan solo
7% de la facturación de la empresa.
No
parece creíble que si desaparecen esas compañías la gente deje de comer.
3)
Porque no es creíble el argumento que el Gobierno quiere ayudar a los
productores de la zona. Resulta llamativo. El productor de soja recibe $50 por
cada dólar que liquida de sus exportaciones, mientras que debe paga sus insumos
a un tipo de cambio equivalente a partir de $72 dólar, cuando en realidad el
dólar verdadero tiene un precio de mercado de $126. Si realmente el propósito de
Alberto Fernández es asegurarle al pequeño productor un mejor precio solo
bastaría con que le baje las retenciones sobre las exportaciones.
4)
El precio de la soja se rige por el mercado de Chicago, por tanto la Argentina
es tomadora de precio. Si al estatizar Vicentin el Estado pagase más por la
tonelada de soja que sus competidores internacionales generaría una pérdida que
debería pagar el contribuyente. Y,
nuevamente, cabe recordar que hoy el Estado no tiene recursos para financiar
sus propios gastos, al punto que la emisión monetaria ya es la principal fuente
de financiamiento del sector público.
Análisis de la
expropiación
Para
poder expropiar Vicentin, el Congreso Nacional debe votar una ley de declare a
la empresa de “utilidad pública” y previamente indemnizada.
Pero
el Poder Ejecutivo designó un interventor que rápidamente se puso en funciones
para que maneje la empresa sin indemnizar previamente a sus accionistas.
No parece que se
pueda sostener seriamente que una empresa de molienda de granos es de utilidad
pública.
Eso
es para el caso, por ejemplo, de tener que ampliar una ruta y se necesita
expropiar parte de un campo para poder ampliarla, no para que el Estado se haga
empresario haciéndose cargo compulsivamente de una sociedad privada.
Si la empresa
estaba mal manejada la comprará otro o irá a la quiebra, pero cargarle a los
contribuyentes el costo de una firma con problemas financieros no tiene lógica
y menos en un Gobierno que ha perdido 194.000 puestos de trabajo desde que
asumió,
de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, tomando los datos a marzo que
solo tuvo 10 días de cuarentena.
En
lo que hace al argumento de que el Estado necesita una empresa que exporte para
hacerse de dólares, es falso.
Hoy
todos los exportadores, sean de granos o de tornillos, tienen la obligación de
liquidarle al Banco Central las divisas que generan, por los cuales reciben un
tipo de cambio muy inferior al de mercado.
Además, el fisco
se queda con la mayor parte de la renta de los productores por la vía
impositiva.
Seguridad
jurídica
Por
último, el Presidente afirmó que le preocupa que Vicentin caiga en manos
capitales extranjeros.
Es
bueno recordar que la Argentina se construyó gracias al aluvión de extranjeros
que vinieron a trabajar a partir de la oferta de seguridad jurídica que
imperaba a comienzos del siglo anterior; no a buscar planes sociales y
prebendas.
Así
muchos de ellos crearon, con gran esfuerzo, grandes empresas que generaron
miles de puestos de trabajo.
La etapa de oro
y crecimiento de Argentina no se puede entender sin la seguridad jurídica que
imperaba 100 años atrás…
La
libertad para producir y la corriente de inmigrantes que vinieron a trabajar.
Mientras
que su decadencia no se puede entender sin recordar la inseguridad jurídica que
impuso el populismo con las regulaciones, expropiaciones y la cultura de la
dádiva.
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