El lawfare como delito

Carlos Mira   

Como se sabe existe una versión avanzada de que la comandante de El calafate ha instruido a su tropa para arremeter contra el Código Penal para introducir por la fuerza un nuevo tipo que castigue el “delito” de lawfare.

Es decir, se intenta configurar en el texto de la ley la recepción legislativa de un instrumento de penetración política, de una alquimia inconcebible que solo puede haber nacido en las retorcidas mentes de acusados completamente conscientes de que están perdidos, para dar un paso más en el sentido de la impunidad.

La argumentación fue tomada de peregrinas ideas europeas que pretenden convencer (no sé muy bien a quién) de la supuesta utilización del Derecho para continuar, por otros medios, el warfare, es decir el estado de belicosidad declarado y explícito con el uso de armas.

La “señora” ha identificado esta estafa como su herramienta preferida para defenderse de los cargos que enfrenta y pasar al ataque bajo el argumento que, mediante el lawfare, la persiguen por ser ella una representante de los “movimientos populares”.

Más allá de que el yeite de los movimientos populares es intragable porque -en el caso de ella- debería mirarse primero al espejo para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con lo “popular” y, segundo, porque es muy burdo construir un muñeco de “soy líder de un movimiento popular y por eso me persiguen los poderosos” para eludir el pedido de explicaciones que la Justicia le hace frente a la abrumadora evidencia de sus crímenes.

Siguiendo ese criterio, todos los delincuentes estarían en posición de armar una historia revolucionaria para hacerse pasar por perseguidos políticos.

Lo cierto es que una de las nuevas misiones del incivilizado nuevo ministro de justicia consistirá justamente en promover esta incorporación legislativa al Código Penal. Es decir transformar en delito una conducta que será muy interesante ver como la tipifican.

Pensemos un poco cómo debería estar redactado el nuevo tipo penal: “Será reprimido con prisión o reclusión perpetua el que iniciara acciones judiciales contra la señora Cristina Fernández de Kirchner, o contra algún miembro de su familia o contra personas que ella designe, sea cual sea el motivo de la imputación y sea cuál sea el carácter que invoca el denunciante”.

O bien, la señora Fernández podría indicarle a su hijo Máximo, que es diputado, que sea él el autor del proyecto y que el agregado al Código diga más o menos así: “Será reprimido con prisión o reclusión perpetua el que iniciara cualquier acción penal, civil o administrativa contra mi mamá”.

A su vez se podría aclarar que la señora Fernández podría, ante la sola presentación de una denuncia en su contra, presentar una querella penal por calumnias e injurias y una demanda civil por daños y perjuicios.

La sola exageración de los argumentos alcanza para demostrar el contrasentido que significa toda la idea del lawfare. Resulta francamente sorprendente cómo se puede tener la audacia de enarbolar ese argumento como defensa y más sorprendente aún que haya una porción de la sociedad dispuesta a creer semejante verdura.

La señora Fernández es la responsable por los crímenes que cometió contra el pueblo argentino; contra su bolsillo, contra su buena fe y contra el esfuerzo que le costó aportar los fondos que luego ella terminó robando.

Hay una prueba abundantísima que refrenda por testigos, por documentación escrita, por videos y por escuchas grabadas el alcance de la formidable operación de atraco a las arcas públicas que comandó primero el matrimonio Kirchner, con Néstor a la cabeza como creador ideológico de la banda, y luego con su mujer como la continuadora de la obra criminal.

La técnica de hacerse pasar por perseguido porque uno es un supuesto “defensor de los pobres” y porque los “oligarcas y entreguistas quieren arruinar a los que defienden a los pobres” es de tal ridiculez que no debería pasar el filtro de ninguna sociedad más o menos avispada y más o menos noble.

El problema con los pueblos a los que se les plantea este escenario, es que han sido pauperizados física y mentalmente de modo sistemático durante varias décadas de modo que cuando estos personajes lanzan su abordaje final sobre el botín representado por el Tesoro Público y son descubiertos, no tienen vergüenza en esgrimir estos argumentos porque saben que ese nivel de pauperización mental, educativo, nutricional finalmente rendirá sus frutos y muchos incautos les creerán.

Puede resultar chocante plantear esta explicación, pero hay una evidente relación entre el nivel de educación, de desarrollo neuronal y de ingesta nutricional y los versos que una determinada cantidad de gente esté dispuesta a aceptar en un momento determinado de la vida social de un país.

La pauperización de la sociedad argentina durante los últimos 75 años, sazonada con altos niveles de adoctrinamiento y engaño ha jugado el papel de un movimiento de pinzas sobre el razonamiento libre de modo de aprisionarlo de tal modo que se ha vuelto inútil o inexistente.

Solo en este contexto de orfandad, los delincuentes, encima de sus delitos, tienen la posibilidad de alegar semejantes contrasentidos como sus mejores arietes de defensa.