Adrián Ventura / LA NACION

La Justicia sufre sobredosis de política y abstinencia de independencia: el Gobierno persigue a la jueza María José Sarmiento, manipula los concursos y sigue usando los mismos operadores que manejaba Néstor Kirchner.

Hoy, jueces y funcionarios elegirán a sus dirigentes gremiales. Sería bueno que, en este contexto, advirtieran que, más allá de sus preferencias personales, la función que les asignó la Constitución y la sociedad no es, básicamente, la de construir un sindicato fuerte, sino una Justicia verdaderamente independiente.

El jueves último el kirchnerismo perdió el dominio absoluto que ostentaba sobre el Consejo de la Magistratura, organismo en el que ingresaron jueces y abogados independientes, liderados por Recondo. Se rumoreaba que este sector no estaba dispuesto a tolerar la manipulación de algunos concursos.

Tal vez por eso el kirchnerismo se apresuró a remitir a la presidenta Cristina Kirchner las ternas correspondientes al concurso 240, para cubrir cuatro vacantes de la estratégica Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En el listado de nombres figuran, en primer lugar, los cuatro candidatos mejor calificados: Claudia Caputi, Rodolfo Facio, Rogelio Vincenti y Marcelo Duffy, quienes tienen trayectoria judicial y no merecen objeciones.

Pero el caballo de Troya venía detrás: en sexto y séptimo lugar -luego de subir, inexplicablemente, varias posiciones- aparecieron Ingrid Jorgensen, una asesora de Carlos Kunkel que llegó gracias a la oportuna ausencia del diputado radical Oscar Aguad en una sesión del Consejo, y Gabriela Stortoni, jefa de Gabinete del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Ninguna tiene antecedentes sólidos en aquel fuero, pero no tuvieron problemas para superar a una de las juezas más experimentadas, Liliana Heiland. Ahora, aquellas dos mujeres podrían desplazar a dos de los cuatro mejor calificados.

El Gobierno no quiere ninguna sorpresa como la que, en enero último, le deparó la jueza María José Sarmiento cuando dictó una medida cautelar que prohibió a la Presidenta el uso de reservas para pagar deuda pública.

Un año después, esa valiente decisión de la doctora Sarmiento todavía le sigue trayendo consecuencias graves: la magistrada, que hace meses hizo público que fue seguida por la policía, sufrió también cuestionamientos por hechos imputables sólo a su padre; recibió dos denuncias penales; y, ayer mismo, tuvo que contestar otras dos denuncias sin fundamento que le hizo llegar el Consejo.

Pero, además, su marido, Isidoro Subizar, que desde hace quince años se desempeña como agente fiscal de la AFIP, fue desplazado de su cargo "por razones funcionales" y relegado a una posición secundaria. Hay un juicio laboral por esto.

La Argentina es un país carcomido por la corrupción política. Las acusaciones cruzadas entre diputados o muchos de los 26.000 correos electrónicos que delatan el proceder supuestamente ilegal de ex funcionarios y asesores sólo podrán ser investigados por jueces independientes.

En la Justicia no hay sectores puros ni impuros. Ni los jueces de la lista bordó ni los celestes lo son.

Pero los magistrados deberían asumir en la sociedad un rol más relevante, que la política les niega y al que ellos mismos renuncian.