Piden...

¿QUIÉN PAGA?

Malú Kikuchi

Ayer, paralizando parte de la ciudad, las organizaciones sociales (trotskistas y cristinismo residual), sumadas a las CTA y la CGT, se reunieron ante el congreso, para pedir por la ley de “Emergencia social y alimentaria”, bendecida por el Papa, con media sanción del senado, ahora en diputados.

¿Qué piden?

Un aumento del 15% en los planes sociales y en la asignación universal por hijo y en embarazos.

Y 1 millón de puestos de trabajo formales.

Al mismo tiempo la CGT (¿qué hace con las organizaciones sociales de izquierda?) piden por la reducción del impuesto a las ganancias de los trabajadores.

¿Gastar más y recaudar menos?

¿Cómo?

El gobierno cuenta con el dinero de los impuesto que los ciudadanos le pagan por vender y comprar y por vivir en sociedad.

Cada día los impuestos son más altos.

Cada día son menos los que pagan impuestos.

Es una pirámide invertida, cada vez menos ciudadanos mantienen a más personas.

Injusto.

Un sistema imposible de sostener en el tiempo.

Si el gobierno pudiera crear 1 millón de puestos de trabajo formal, fuera del estado, ya lo hubiera hecho con alegría y la Argentina empezaría a ser una nación respetable otra vez.

1 millón de trabajadores formales en el ámbito privado, equivaldría a 4 millones de personas viviendo con dignidad.

El 10% de la población.

¿Qué presidente no quisiera mágicamente crear un 1 millón de puestos de trabajo fuera del estado?

La ley de “emergencia social” implicaría un gasto de $50.000 millones que no están contemplados en el presupuesto.

Los que piden, ¿dé donde pretenden que saque el gobierno estos $50.000 millones adiciones para pagar la “emergencia social”?

Las opciones no son muchas.

Se puede achicar el presupuesto de educación, o el de salud, o el de ciencia.

También se podría achicar lo destinado a vivienda social, o a cloacas, caminos, puentes…

Con el presupuesto en la mano, y decididos a achicarlo en alguna parte, las posibilidades son varias.

Los que piden deberían decidir cuales achicar y hacerse responsables de su elección.

De no ser así, siempre existe otra posibilidad:

Que el gobierno a través del Banco Central le dé a la maquinita y se ponga a imprimir billetes cada día con menos valor.

Esto implicaría una feroz inflación.

¿No se aprendió nada?

Con Alfonsín hubo hiperinflación y en el 1° año de Menem, hubo un corto rebrote.

La gente debiera saberlo.

No sabe cuán peligroso es volver a correr ese riesgo.

Y eso que la inflación siempre perjudica más a los que menos tienen.

Pero los líderes que embarcan a la gente en estos delirantes pedidos, ellos sí lo saben.

Pero tienen la forma de defenderse de la inflación, entonces, ¿qué buscan?

Manejar los planes.

Si la ley sale, y Macri la veta, será para la gente un monstruo insensible que quiere hambrear al pueblo.

Y si la permite, volveremos al kirchnerismo populista que nos llevó a la pobreza actual.

Se sabe que la situación es difícil, se sabe que el gobierno hace menos de lo que debiera, a caballo entre el eterno subsidio (para ganar las elecciones del 17), y las políticas económicas que nos permitirían salir del pantano.

El gobierno está paralizado,

la economía no arranca,

la CGT pretende copar la calle y los movimientos de izquierda, crecen.

La gente vive mal, la clase media está aplastada por los impuestos y cansada de mantener gente que pide y cobra.

El ejecutivo está en un brete.

La decisión la tienen los diputados, ¿votarán la ley de “emergencia social” o no?

Depende del sentido común de los representantes, en particular del Frente Renovador, que es el fiel de la balanza en el congreso.

Si la ley no sale, Macri tiene aire por un rato, ¿pero cómo se llega a fin de año?

Hay que pasar las 18hs del 24/12, en calma.

Si sale la ley y Macri no la veta, si se pone en práctica y el millón de puestos de trabajo se genera en el estado, la Argentina compartirá el desesperante destino de Venezuela.

Y eso no es lo que el pueblo votó…