Hugo
Alconada Mon
LA
NACION
El
"círculo rojo" goza de impunidad.
Así funcionó,
así funciona y así parece que quiere seguir funcionando en la Argentina.
El
problema es que sus miembros tradicionales -políticos, empresarios y banqueros,
jueces y fiscales, sindicalistas y no pocos periodistas y dueños de medios-
ahora no son los únicos beneficiarios de ese sistema que les provee impunidad.
Ahora
también lo usan narcos, traficantes de personas y otros baluartes de estirpe
similar, como algunos financistas del terrorismo.
¿Por qué?
Porque
los mismos canales que utilizan los miembros del "círculo rojo" para
lavar su dinero negro o sacar fortunas del país también extendieron sus
servicios a, por ejemplo, los narcos, que a su vez recurren a ellos porque
cuentan con protección política.
Y
si son intocables, como lo son, ¿por qué no aprovecharían la oportunidad?
Esto
puede resultar sorpresivo e inquietante para algún lector.
Pero
no es una novedad para los integrantes del "círculo rojo".
Lo
saben desde hace rato y muchos son cómplices.
Por
acción u omisión.
¿O acaso
sorprende la proliferación de supuestas mutuales, cooperativas y cuevas
financieras?
La
pregunta clave es, pues, otra.
¿Quiere
el gobierno de Mauricio Macri modificar el statu quo?
Si
avanza en esa dirección, ¿qué hará el resto de la clase política?
Hay
un argentino, consultor internacional que da asesoramiento en todo el mundo
para combatir el crimen organizado.
Se
llama Edgardo Buscaglia y alerta desde hace años sobre los "vacíos del
Estado".
Escribió
un libro sobre México y esos "vacíos" que terminan beneficiando a
narcos y corruptos.
Ahora alerta
sobre la Argentina.
¿Qué
son esos "vacíos"?
Huecos
que hacen que la Argentina sea hoy "un país de bajísimo costo operativo
para las redes criminales transnacionales".
Narcotráfico,
trata de personas o de órganos, entre otros crímenes que él califica como
"de lesa humanidad".
No
es el único.
Otros
expertos argentinos, como Juan Belikow, de renombre internacional en temas de
seguridad y lucha contra el crimen organizado, alertan desde hace tiempo sobre
el coladero criminal que resulta la Argentina.
Buscaglia
fue, sin embargo, más lejos.
Enumeró
los 17 puntos legislativos, institucionales u organizacionales que, por su
ausencia, abren las puertas a las redes criminales.
Plantea
que en cada causa penal que apunta contra ese tipo de organización deberían
desarrollarse cinco investigaciones simultáneas:
1)
la penal-patrimonial, focalizada en los autores materiales;
2)
la patrimonial, focalizada en la red criminal que está detrás, con sus empresas
y políticos;
3)
la financiera, a cargo de la unidad antilavado, que debería quedar bajo control
legislativo, por fuera del Ejecutivo;
4)
la penal tributaria, y
5)
la destinada a la extinción de dominio de los bienes adquiridos por esa red.
Para cumplir con
esos primeros cinco puntos, a su vez, cada juez y cada fiscal deberían contar
con múltiples herramientas, como el acceso en red a los registros de la
propiedad (inmueble, automotor, naviero) de todas las jurisdicciones del país.
Es
algo tan obvio como inviable hoy.
De
hecho, si un juez o un fiscal quieren rastrear qué propiedades tiene un
sospechoso deben oficiar a 24 jurisdicciones...
Y
rogar que les respondan, algún día.
Buscaglia
remarca que también deben implementarse tres tipos de auditorías obligatorias:
dos
económicas (una del Poder Legislativo sobre todos los partidos, que a su vez
deberían desarrollar otra, puertas adentro)
y
una electoral a cargo de la sociedad civil (con herramientas otorgadas por una
ley de participación ciudadana para que la clase política no pueda esquivarla).
El
capítulo electoral es clave en la lucha contra los "vacíos".
Buscaglia
recomienda impulsar una nueva ley de financiamiento que sincere, entre otros
muchos puntos, cuál es el verdadero costo de cada campaña.
¿Otras
leyes pendientes?
La
de reasignación social de bienes decomisados, de extinción de dominio y otra
similar a la "ley Rico" de Estados Unidos (que encuadró la corrupción
política como delincuencia organizada o asociación delictiva).
¿Los
últimos dos ejes?
Desarrollar
una mejor coordinación de las fiscalías locales con sus pares de Brasil, Chile
y Uruguay, para investigar las redes transnacionales.
Y
desarrollar lo que denomina "unidades de investigación patrimonial"
en cada provincia, con fiscales, jueces, policías, agentes de la UIF, de la AFI
y de la AFIP.
Buscaglia
pasó hace poco por Buenos Aires, Santa Fe y Formosa.
Mantuvo
reuniones con varios referentes del oficialismo y de la oposición, mientras que
otros le rehuyeron o incluso lo invitaron a retirarse.
…
Por
intereses coyunturales.
O
por complicidad con el actual pacto de impunidad...
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