¿Y el achicamiento del Estado?

Escribe Susana Merlo

Mientras desde distintos sectores (aún simpatizantes) alertan sobre la caída de la actividad económica y, por ende, de la recaudación, en el frente oficial ni se atisba el más mínimo movimiento para cambiar la preocupante ecuación. Al contrario.

Se sabe que más Estado equivale a más gasto público y esto, indefectiblemente, representa mayor carga fiscal.

De Perogrullo.

Obvio que la “herencia” recibida fue dramática.

Exceso de empleados, burocracia, ineficiencia pública, etc., pero a un año del triunfo de la Administración Macri, después de la media docena de medidas adoptadas en diciembre pasado para que se reiniciaran las exportaciones (recorte de retenciones, remoción de trabas cuantitativas, y devaluación parcial, entre las principales) no se registró ningún cambio, ni novedad en esta estratégica materia.

El gasto público sigue en alza, mientras la actividad privada cae, aunque deba seguir sosteniendo el elefantiásico gasto público.

Difícil.

Los ejemplos abundan, desde la inédita cantidad de ministerios (holgadamente por fuera de la Ley), hasta el mantenimiento de burocráticas dotaciones o, peor aún, innecesarias ampliaciones que dejan en claro la incomunicación/desconfianza entre los funcionarios de las distintas áreas.

¿Equipo?…

En el caso del campo, tal vez uno de los pocos sectores relativamente competitivo que va quedando, la participación del Estado en la renta agrícola impuesta por un ineficiente e improductivo sector público, sigue superando el 65%, de acuerdo al Índice FADA, la sólida Fundación Agropecuaria cordobesa.

En el caso de la soja, el porcentaje asciende a más de 70%.

¿Se puede esperar entonces que en semejantes condiciones, y con un mercado internacional debilitado por la abultadísima cosecha estadounidense, haya en la Argentina un crecimiento récord?…

Pues no y, a pesar de las declaraciones voluntaristas previas, la realidad va mostrando que los crecimientos son muy acotados, como el caso del trigo que del 25%-30% pronosticado, ahora apenas alcanza 12%-15%,

eso sí, con mucho mejor calidad porque se utilizó más fertilizante.

El girasol va a crecer, pero acotado por la falta de semilla, algo que también le puede ocurrir a la soja por la falta de calidad de la última campaña.

Tampoco el maíz tendrá el incremento de área del que se hablaba, y con suerte (y clima mediante) se podrá esperar un 20%-25% de incremento, a algo más de 4,3-4,5 millones de hectáreas para grano.

Todo alejadísimo de los 6-7 millones de hectáreas en que insistió la Administración Kirchner (y que nunca hubo), y que la actual gestión sigue manteniendo, tampoco se sabe porque razón.

Es que los números no dan en el caso de muchos campos arrendados, y apenas cierran para establecimiento propio y en zona núcleo.

El costo de los fletes sigue manteniendo a muchas regiones absolutamente afuera del mapa productivo, y hasta los puertos acaban de hacer una licitación propia de “servicios”, en un intento de abaratar costos para intentar achicar gastos tan extraordinarios que hacen que sea más caro transportar dentro de Argentina que el flete de ultramar. Nada extraordinario si se considera que, por ejemplo, hay cerca de una docena de gremios “operando sobre el río” (razón que más que justifica que las barcazas, actualmente, sean todas paraguayas), o que la pesca se vuelva no competitiva porque cuando aparecen los cardúmenes distintos sindicatos paran el trabajo.

Ahora, mientras todo esto sucede, resulta que la plantilla pública de empleados no solo no se achicó,

sino que aumentó (aunque parece que, mientras, pocos se preocupan por gestionar).

La propia cartera Agroindustrial reconoció que tiene 25.000 agentes (¡¡), alrededor de 6.000 de los cuales están en la sede de Paseo Colón, lugar donde a fines de los ´90 la planta rondaba los 900 empleados.

Mientras históricamente hubo 3 Secretarías, en diciembre pasado se las aumentó a 5 (?), una de las cuales fue desactivada recientemente, la de Agricultura Familiar, por supuesta falta de presupuesto.

Sin embargo, tras cartón, se recreó la controvertida ONCCA (de larga fama con Ricardo Echegaray), con rango de subsecretaría, para “controlar” el comercio agropecuario, a pesar de que hay una Secretaria de Comercio y la AFIP, supuestamente encargadas de tales gestiones, ajenas a la múltiple actividad del ministerio agropecuario.

En total, más de 25 subsecretarías, aunque los funcionarios con ese rango suman alrededor de 30.

Semejante batallón no alcanzó, sin embargo, para que en 11 meses de gestión se propusiera un proyecto de Ley de Semillas potable (que tranquilice a los inversores externos),

se presente un proyecto de Ley que “elimine” las retenciones para que semejante impuesto regresivo no quede al arbitrio del funcionario de turno (como acaba de ocurrir),

o se plantee un principio de plan estructural para la lechería, jaqueada desde hace más de 10 años, entre otros muchos pendientes.

Se podrían enumerar cantidad de cosas más, pero el punto es que mientras el Estado siga trasladando su propia ineficacia al sector privado, va a ser imposible lograr un crecimiento genuino de la actividad económica, entre otras cosas, porque en estas condiciones las inversiones siguen siendo las mínimas, en el caso de los capitales internos, y prácticamente nulas para las externas.

No se puede pedir “eficiencia” privada si no hay “eficiencia” pública.

Ni el otrora competitivo sector agropecuario es capaz de seguir soportando esa carga…