‘El grado de represión se ha incrementado a un nivel brutal’Por Nicholas Casey y Ana Vanessa Herrero
Cuando
Braulio Jatar vio que una muchedumbre hambrienta gritaba y golpeaba cacerolas
mientras perseguía al presidente de Venezuela, supo que estaba ante una gran
exclusiva.
Las
fotos y el video del presidente Nicolás Maduro corriendo mientras la gente lo
seguía aparecieron rápidamente en Reporte Confidencial, el portal de noticias
de Jatar, y se diseminaron por todo el país.
La
turba que arrinconó a Maduro conmocionó a Venezuela – nadie nunca había
emboscado al presidente de esa manera.
Antes
de irse a dormir, Jatar escribió una serie de tuits diciendo que pronto
transmitiría testimonios de testigos en su programa de radio a las nueve de la
mañana.
Sin
embargo, nunca pudo hacerlo.
Ahora se
encuentra encerrado en una celda como preso político.
La
semana pasada, Venezuela dio su primer gran paso hacia la dictadura de Maduro:
Los
magistrados leales al régimen neutralizaron la legislatura dirigida por la
oposición del país.
Tomaron
por la fuerza el único órgano que se percibía como un contrapeso ante la
creciente autoridad del presidente.
La medida, luego
retirada bajo presión de Maduro, forma parte de un distanciamiento de
la democracia que se ha incrementado durante el último año.
Se
nota claramente en las cárceles donde constantemente aumentan las filas de los
presos políticos.
Esas
celdas están llenas de reconocidos opositores de Maduro como Leopoldo López, el
ex alcalde de un municipio de Caracas
que cumple una sentencia de 13 años por cargos de incitación a la violencia,
académicos que han expresado su disensión y periodistas como Jatar, cuya
familia afirma que solo estaba haciendo su trabajo cuando lo detuvieron en
septiembre.
Según
Foro Penal, una organización de derechos humanos que registra los arrestos
políticos en el país, en este momento
hay unos 114 presos políticos en Venezuela.
Hace
un año eran 89.
El
grupo dice que, desde que Maduro tomó el poder en 2013,
el gobierno ha
encarcelado a 433 personas y se efectuaron 6893 arrestos por motivos políticos.
“El
grado de represión se ha incrementado a un nivel brutal”, dijo Alfredo
Romero, quien dirige el grupo.
“El
aumento proviene de la impopularidad de Maduro”.
La
situación se ha vuelto apremiante para los países vecinos de Venezuela, 14 de
los cuales redactaron un documento conjunto en el que se le pedía al gobierno
venezolano que liberara a los presos como un paso hacia la restauración de las
normas democráticas.
La
semana pasada, diplomáticos de la región se reunieron en la Organización de
Estados Americanos (OEA) para discutir los pasos que se deberán tomar en caso
de que el país sea expulsado de la organización debido a los presos políticos,
entre otras acusaciones de violaciones a los estatutos democráticos.
Este
año el presidente Donald Trump fijó su posición sobre el tema.
En
febrero publicó una fotografía en Twitter donde se le veía con Lilian Tintori,
una activista de oposición esposa de Leopoldo López.
Trump
escribió que López debía ser liberado de inmediato.
La
situación de los presos políticos no es algo nuevo en Venezuela pero, según los
grupos de derechos humanos, la cantidad de disidentes encarcelados ha aumentado
durante el gobierno de Maduro.
Su
predecesor, Hugo Chávez, encarceló a opositores, entre ellos a una jueza que se
le había enfrentado.
Sin
embargo, los analistas aseguran que, la mayoría de las veces, Chávez solía
evitar la inconformidad canalizando las ganancias petroleras del país —que en
ocasiones llegó a superar los 100 dólares por barril— en programas sociales que
reafirmaban su popularidad.
No
obstante, Maduro ha tenido que enfrentar la caída del precio del petróleo y las
consecuencias de años de malos manejos de la economía, lo cual ha provocado la
escasez de comida y medicinas básicas.
Desde
octubre, la moneda venezolana ha estado en caída libre, con el dólar del mercado negro disparándose hasta un 350 por ciento de
su valor, así que la comida se ha vuelto cada vez más inalcanzable y se ha
diluido la popularidad del presidente.
Estas
condiciones detonaron las protestas en contra de Maduro en la isla de
Margarita, donde arrestaron al periodista Jatar.
Su
medio, Reporte Confidencial, comenzó como un folleto semanal en 2006 y llevaba
mucho tiempo registrando los altibajos de la isla, en la costa este de
Venezuela.
Tiempo
después se expandió en línea, donde siguió operando con un presupuesto ajustado
y un personal pequeño.
Se
volvió conocido gracias a sus investigaciones, dentro de las cuales había una
sobre el uso indebido de suelo por parte de un juez, y otra acerca de un
gobernador estatal que estaba ligado a un esquema fraudulento con la comida
subsidiada.
“Si nadie más lo
publicaba, Reporte Confidencial lo hacía”, afirmó Yusnelly Villalobos, la
asistente de Jatar.
La
esposa de Jatar, Silvia Martínez, dijo que las autoridades ya lo habían
amenazado por enviar reporteros a cubrir las protestas en contra del gobierno
en 2014.
La
policía hizo una redada tanto en su casa como en su oficina y se llevaron
equipos de computación.
Sin
embargo, no estaban preparados para lo que pasaría después de que los
manifestantes persiguieron a Maduro aquella noche de septiembre.
En poco tiempo,
la protesta se difundió como una noticia en línea con el hashtag #cacerolazo y
fue muy bochornosa para Maduro.
Esa
semana, se calculó que la oposición había reunido un millón de personas en
Caracas para protestar por la escasez de alimentos y exigir la destitución del
mandatario.
Maduro
había volado a la isla de Margarita y esperaba una recepción positiva en una
zona donde él y Chávez habían ganado en las elecciones.
Después
de haber inaugurado un complejo de viviendas públicas, el presidente detuvo su
caravana en la localidad de Villa Rosa para caminar entre las personas porque
pensaba que eran simpatizantes.
En
cambio, lo persiguieron por las calles.
La
mañana siguiente, Jatar fue a su programa de radio en el que planeaba continuar
la cobertura de las protestas de la noche anterior.
“Encendí
el radio para escucharlo”, recordó su esposa.
Pero
Jatar nunca llegó a la estación:
Lo habían
arrestado agentes de inteligencia de Venezuela.
Durante
los días siguientes arrestaron a más de 30 personas en redadas que se hicieron
casa por casa, según el Foro Penal.
Los
interrogaron antes de dejarlos en libertad, afirmó el grupo.
No
obstante, Jatar no quedó libre.
Se
encuentra en una celda en el estado de Nueva Esparta bajo cargos de lavado de
dinero por 25.000 dólares que, según las autoridades, encontraron en su carro.
Martínez
dice que le plantaron el dinero porque Jatar nunca habría tenido una cantidad
tan grande en un lugar donde se la pudieran haber robado con facilidad.
“No tenemos idea
de quién ordenó la detención”, señaló Martínez.
José
Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, agencia que también investiga
el caso, aseguró que su grupo concluyó que los cargos habían sido fabricados en
un intento para reprimir a los periodistas.
“Exigir su
liberación no solo se trata de que haya otro preso político fuera de prisión,
sino de proteger la libertad de expresión”, agregó.
El
Defensor del Pueblo no respondió a una petición para comentar el caso de Jatar
y otros presos.
El
ejército venezolano y la oficina de la fiscalía tampoco respondieron a una
petición escrita para pronunciarse al respecto.
Desde
el arresto de Jatar, el gobierno ha intensificado su objetivo de arrestar a
quienes considera subversivos.
A
comienzos de enero, Maduro puso a Tareck El Aissami, el vicepresidente de país
que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, a cargo de lo que llamó el
“escuadrón anti golpe”, un grupo que busca castigar a los que planeen actos de traición
u otros crímenes en contra del Estado.
El
12 de enero, Irwing Roca, un activista político, salió de una reunión que tuvo
con Roniel Farías, un concejal de Ciudad Bolívar, población ubicada al este del
país.
Roca
dijo que un auto negro los estaba esperando afuera y agentes de inteligencia
les ordenaron meterse al vehículo después de tomar sus teléfonos.
“En
ningún momento nos dijeron por qué nos habían detenido”, afirmó Roca.
El dirigente
dijo que los agentes lo tuvieron detenido tres días, sin comida ni agua.
El
14 de marzo liberaron a Farías sin darle ninguna explicación.
El
día anterior, Gilber Caro, un diputado de la Asamblea Nacional del partido
Voluntad Popular, una agrupación opositora, iba en su auto por una autopista a
las afueras de Caracas cuando lo detuvieron agentes de inteligencia.
Yeidi
Caro, su hermana, se enteró de la noticia cuando un amigo la llamó para
decirle, erróneamente, que lo habían secuestrado.
Al
principio, ella pensó que lo habían raptado unos criminales que querían un
rescate.
Después
vio la transmisión de su arresto en las noticias.
“Encendí
la televisión y vi que lo tenía el gobierno”, dijo.
Las
autoridades venezolanas afirmaron que el legislador escondía un rifle de asalto
y dinero que serían utilizados para realizar ataques contra el gobierno.
Los
funcionarios transmitieron una llamada grabada entre Gilber Caro y Tintori, en
la cual los dos decían que habían planeado protestas caóticas para socavar al
gobierno.
“Es
una persona con características violentas”, dijo el
vicepresidente El Aissami, al referirse a Caro
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