"Debería
haber un día –sólo uno– en que se abra la temporada de caza de
congresistas". Will Rogers
A
más de dos años de la muerte del Fiscal Alberto Nisman, de la que aún no
sabemos siquiera cómo se produjo, un nuevo enigma surgió el jueves en Buenos
Aires con el sospechoso deceso del financista Aldo Ducler, casualmente también
a dos días de haber formulado una muy grave denuncia contra los Kirchner y su
entorno.
El problema
principal que afecta a nuestro país es la inexistencia de una Justicia
independiente, seria, eficaz y rápida.
Y lo sostengo
porque no hay un potencial inversor en el mundo, sea argentino o extranjero,
que esté dispuesto a traer un solo dólar a la Argentina y someter sus intereses
particulares a la decisión de nuestros jueces…
La
mayor prueba de ello es que, en los más que escasos contratos que se han
firmado, se acuerda la jurisdicción de otros países, en general Estados Unidos
y Gran Bretaña, para dirimir los conflictos.
¿Se
acuerda del famoso Juez Griesa?
Aquí
no se ha producido una situación similar a la de Brasil, donde la Justicia,
innegablemente por la extrema presión de la muchedumbres en las calles, ha
vuelto a ser eficaz y recuperado un enorme crédito social, a fuerza de
investigar y llevar a la cárcel a funcionarios, políticos y empresarios que aún
detentan poder, y qué decir de quienes ya lo perdieron.
El
asco hizo que cerrara mi nota anterior con una frase premonitoria, referida a
la actuación del Consejo de la Magistratura frente al Juez Eduardo Freiler:
“Si
lo salva, como hiciera tantas veces con Norberto Oyarbide, el organismo se
habrá cubierto de oprobio una vez más, y los ciudadanos de a pie sabremos que
la Argentina ya no tiene futuro alguno”.
Jorge
Candis resolvió retirar su apoyo al comienzo del proceso de remoción al
corrupto integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, enriquecido inexplicablemente durante muchos años y
acreedor de innumerables favores hechos al kirchnerismo a través de sus
sentencias.
El representante
de los académicos se sumó así a los siete votos seguros –sobre los
dieciséis totales- con que contaba Cristina Fernández en el organismo que
debiera controlar la conducta de los magistrados nacionales y sancionar o
destituir a los delincuentes.
El
resto de esa infame recua está encabezado por Gabriela Velázquez, una Juez
laboral que, hace no mucho tiempo, fue ponderada por la ex Presidente como una
de sus piezas claves en el andamiaje judicial que montara con su famosa
Justicia Legítima, casi tanto como Alejandra ¡Giles! Carbó, la Procuradora
General de la Nación, tan sospechada de robar y tan difícil de remover.
El fracaso del
Consejo (o el triunfo de la dupla Cristina/Freiler) es, ni más ni
menos, que la punta de un ovillo que confirma que aquí la ciudadanía se
encuentra inerme frente a la gigantesca corrupción judicial y que todos
continuaremos sometidos, en cuanto a
nuestra libertad, honra y patrimonio, a las decisiones de magistrados sin
escrúpulos que no nos juzgarán con arreglo a la ley sino a sus propios
intereses, sean éstos políticos (sirviendo a los autores del zafarrancho
saqueador y persiguiendo a quienes actúen en contra) o simplemente
crematísticos, para seguir comprando mansiones, yates, caballos de carrera y
autos de colección.
Todo eso seguirá
sucediendo mientras no se retrotraiga la composición del Consejo a aquélla
instituida en 1994 y que el kirchnerismo alterara para dar mayor participación
a la política, a través de los senadores y diputados, en desmedro de los jueces
y de los abogados, rompiendo el equilibrio que la Constitución procuraba.
Pero
para que ese cambio se produzca se requiere de una ley del Congreso, sancionada
por mayorías especiales en ambas cámaras, algo imposible de obtener por la
calaña de nuestros congresistas.
Cambiemos
se encuentra en minoría, situación que no se modificará con las elecciones de
octubre, aunque el oficialismo obtuviera un resonante triunfo.
La
convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a una consulta popular, creada por
el artículo 40 de la Constitución y utilizada por Raúl Alfonsín para terminar
con los problemas limítrofes con Chile, no resulta aplicable en este caso,
porque el Consejo de la Magistratura está expresamente excluido, como los
impuestos, de los alcances de ese recurso democrático.
Una
breve digresión: ése –la consulta popular- es el mecanismo que reiteradamente
he propuesto al Gobierno para terminar con el tema de los militares-presos
políticos.
Sí,
como creo, la sociedad está harta de la vocinglería y los histéricos aullidos
de los pseudo organismos de derechos humanos, que sólo buscan la venganza y la
destrucción final de las fuerzas armadas, Mauricio Macri obtendría el respaldo
enormemente mayoritario que, según parece, le resulta necesario para
enfrentarlos, a pesar de las abundantes pruebas de la comisión de innumerables
delitos por parte de esas organizaciones, confesamente subversivas.
Regresando
al tema de la Justicia, o de la falta de ella, creo que el tajo al nudo
gordiano ante el que estamos detenidos lo debe dar toda la ciudadanía, como
sucede en Brasil, gritando todos los días en las calles que estamos hartos, que
no soportamos más seguir siendo esclavos –con impuestos que se han convertido
en una verdadera confiscación- para que políticos ladrones y sus socios
empresarios sean cada vez más ricos.
Pero en especial
debemos ser nosotros, los abogados, quienes nos paremos de manos frente a los
magistrados deshonestos.
Cada
vez que un expediente en los que intervengamos caiga en manos de un juez
afectado por serias acusaciones de corrupción, debemos recusarlo invocando su falta de idoneidad moral para ejercer su
cargo.
Además,
debemos tener el coraje de denunciar penalmente el frecuente pedido de coimas o
favores.
No sé cuántos de
mis colegas estarán dispuestos a seguir esta sugerencia, porque es innegable
que conlleva importantes riesgos personales atacar a una corporación tan fuerte
y cerrada como la judicial.
Para
concluir, respondo a quienes tanto lo han preguntado:
El Juez Martínez
di Giorgi rechazó hoy la denuncia que yo formulara contra Hebe de
Bonafini, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y
Sociales, H.I.J.O.S., La Cámpora, Kolina y otros por incitación a la violencia,
intimidación pública, apología del crimen y atentado contra el orden
constitucional por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo.
Hizo
suyo el dictamen del Fiscal, quien dijo que no existía delito porque "las
expresiones sometidas a investigación se encuentran protegidas por el derecho a
la libertad de expresión".
¡Verdaderamente
notable!, y así nos va…
Bs.As.,
3 Jun 17
Enrique
Guillermo Avogadro
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