"Me
gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras
muerto". Pablo
Neruda
Las
confesiones de Carlos Wagner, Juan Chediak, Claudio Uberti y Ernesto Clarens
han dejado en offside a todos los caraduras arrepentidos que, si bien
reconocieron haber entregado fondos a los Kirchner, los atribuyeron a aportes para las campañas electorales y no, lisa y
llanamente, a coimas.
Ya
hemos visto, esta semana, a varios que habían arribado a acuerdos que
mitigarían sus penas, volver corriendo a Comodoro Py para corregir sus
declaraciones pues, de comprobarse que habían mentido, aquéllas se agravarían
mucho.
Y
el agregado de los dichos de nuevos choferes y hasta pilotos de avión, que
describen una enorme cantidad de bolsos con dinero, a las pruebas que ya
obraban en manos de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli, ratifica que resultará
imposible detener el proceso, aunque haya muchos interesados en hacerlo.
Todos
los empresarios presos o en libertad condicional coincidieron en atribuir esas
coimas a la necesidad de proteger la fuente de trabajo y, en el caso de Paolo Rocca y Luis Betnaza, de Techint, hasta la
seguridad personal de sus empleados que residían en Venezuela cuando su empresa
Sidor fue confiscada por el chavismo.
Ante
tal unanimidad, me pregunto desde el absurdo:
Si
en lugar de dólares les hubieran exigido asesinar, ¿hubieran actuado del mismo
modo?
Si
la respuesta fuera negativa, implicaría que hay un límite moral insuperable,
pero entonces, ¿cómo calificarían al despojo cometido sobre un país entero?
Porque
tengámoslo claro: todos esos sobornos no salieron de los bolsillos de estos
falsos "capitanes de la industria", que también lucraron más, sino
que, transformados en enormes sobreprecios, se pagaron con impuestos y con la
miseria de muchos.
Parte
de la porquería cae de lleno sobre el propio edificio de Comodoro Py y la
Justicia Federal Criminal y Correccional que allí se aloja, en especial sobre
su menor jerarquía, los magistrados de Primera Instancia, que son los
verdaderos dueños del "pasa o no pasa" de las denuncias relacionadas
con la corrupción.
La
confesión del ex-juez Norberto Oyarbide, y los vínculos políticos y económicos
que mantienen con el poder de turno sus colegas, antiguos y actuales, permiten
que la sociedad se pregunte si debe someterse -con su buen nombre, su libertad y su patrimonio- a un Poder
Judicial ya tan demostradamente venal.
Es
cierto que sólo han transcurrido dieciocho días desde que estalló el escándalo
y que ya hay un montón de imputados, detenidos o no, en la causa judicial, lo
cual constituye un record absoluto, pero no está de más recordar algunos
nombres que aún faltan en ella:
¿Cuándo
llegarán el Fiscal y el Juez a Máximo y Florencia Kirchner, Romina y
Natalia Mercado, Sergio Berni, Axel Kiciloff, Exequiel Espinosa, Alberto
Fernández, Sergio Massa, Anímal Fernández, Daniel Cameron, Mariano Recalde,
Daniel Scioli, Gildo Insfran, Fernando Espinoza, José Alperovich, Juan Manzur,
Milagro Salas, Hebe Bonafini, Estela Carlotto, Sergio Shoklender, Jorge
Capitanich, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Eduardo de Pedro, Héctor
Icazuriaga, Andrés Larroque, José Ottavis, los hijos de Lázaro Baéz, Hugo
Moyano, Osvaldo Sanfelice, Enrique y Sebastián Ezkenazy?
Todos
ellos, y tantos otros cómplices del saqueo, deben dar muchas explicaciones al
país.
La
jefa de la asociación ilícita sigue callada frente a la Justicia, y sólo
escribe definiéndose como una perseguida política, mientras el coro de
fanáticos negadores de la realidad, aunque ésta se encuentre demostrada más
allá de cualquier duda, utilizan un mismo argumento:
Toda
la mugre que se destapa a cada hora es sólo un velo para ocultar la también
innegablemente complicada situación económica.
Sin
embargo, la grosera magnitud del botín -no hay mayor en la historia del mundo,
en términos tanto absolutos como relativos- es de tal tamaño que,
como dice el
título de esta nota, no oculta la crisis sino que la explica.
Para
justificar esa penosa afirmación pensemos, por ejemplo, en el sistema
previsional y en el monto de las jubilaciones, en los planes y subsidios, en
las reservas del Banco Central, en el 30% de pobres, en escuelas y hospitales,
en agua potable y cloacas, en tarifas de gas y de luz, en la deuda externa, en
caminos y ferrocarriles, en la inflación, etc...
Si
esos dineros robados o, al menos, gran parte de ellos volviera a las arcas
públicas, otra sería la música con la cual estaría bailando el Gobierno y
también sería otro el impacto de la crisis sobre los más desprotegidos.
Nuevamente,
el peronismo multicolor y camaleónico, con la excepción de unos pocos senadores
encabezados por Miguel Pichetto, un experto en cálculos, se negó a bajar al
recinto el miércoles para discutir el simbólico allanamiento, con seguridad
infructuoso dado el tiempo transcurrido, solicitado por el Juez de la causa
sobre los domicilios de Cristina Elisabet Fernández, y la sesión se cayó.
Esa
posición anticipa qué sucederá cuando llegue al H° Aguantadero de tantos
delincuentes el pedido de desafuero y detención de la ex Presidente, que será
librado contemporáneamente a su nuevo e inminente procesamiento.
Pero
la sociedad está también atenta al trámite del proyecto de ley de extinción de
dominio, a punto tal que ya se está difundiendo, a través de las redes, la
convocatoria a una marcha frente al Palacio Legislativo, convocada para el día
martes 21, a las 19:00 hs., para manifestar su repudio ante la demora de más de
dos años que el PJ y el FR, preocupados por los efectos que la norma tendría
sobre el patrimonio de muchos de sus miembros, han logrado imponer, y apoyar el
desafuero de la ex Presidente.
Y
no es para menos, ya que es indispensable recuperar, como dije más arriba, al
menos parte de lo robado, porque sólo así la Argentina podrá salir del marasmo
económico y social en que el kirchnerismo la sumergió y que Cambiemos, con
ingenuidad, omitió explicar claramente en su momento.
Si
esa devolución a las arcas del Estado no se produjera, quienes tienen que
trabajar más de seis meses por año para pagar el cúmulo de gabelas que los
agobia,
producirán
una revolución pacífica: dejarán de
pagar sus impuestos…
Y
no sería injustificado que lo hicieran, puesto que ven diariamente con qué
impudicia estos delincuentes se apropiaron de ellos.
Para
buscar la ubicación de esos fondos, no debería resultar difícil contar con la
colaboración de la Justicia de Estados Unidos para investigar los cientos de
sociedades que, durante la década más infame de la historia, se constituyeron
en Nevada, y de la SEC para bucear en los documentos que presentaron las
empresas argentinas que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos, ya que
éstas se cuidan muy bien de mentir en sus estados contables.
Por
ejemplo, y ya que está saltando la corrupción en la gestión de Mario das Neves,
se podría averiguar cómo consiguió Pan American Energy/British Petroleum
extender la concesión sobre Cerro Dragón.
Para
terminar, felicito a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su
oportuna decisión de recompensar a quien brinde datos que permitan localizar
los bienes provenientes de la corrupción ya que, hasta el jueves por la noche, ya se habían presentado 500 personas
dispuestas a cobrar.
Bs.As.,
18 Ago 18
Enrique
Guillermo Avogadro
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