Marcos
Buscaglia
Hay
un viejo cuento de un banderillero de un tren de cargas en medio del campo al
que vienen a tomarle examen.
El
inspector le pregunta qué tiene que hacer si ve que dos trenes se encuentran a
punto de colisionar en la (única) vía que cruza su puesto.
Él
responde que primero prueba con la banderilla de un color; si no funciona, con
la de otro color, y si no funciona, con un farol especial para estos casos.
El
inspector aprueba y le repregunta: ¿y si nada de eso logra hacer que frenen?
Y,
en ese caso, dice el banderillero, llamo a mi esposa:
¡María,
María, vení a ver que se viene un choque espectacular !
Preocupado
por los cierres, el Gobierno incorpora a empresarios y sindicalistas al
gabinete económico
A pesar de las
múltiples advertencias que ha recibido, el Gobierno está empujando a la
economía argentina a un choque espectacular.
El
impacto va a ser dantesco y, lamentablemente, ya agotamos todas las señales
para evitarlo.
Entonces,
hay que poner el foco en aliviar a los heridos, en despejar las vías y en
reconstruir el capital perdido, para así poder empezar a mover la economía
nuevamente.
Varias acciones
que tomó el Gobierno recientemente tienen un alto impacto tanto simbólico como
práctico para empujar a la economía a una crisis sin precedentes.
La
primera es un manejo chapucero y politizado de la cuarentena .
El
comienzo fue relativamente auspicioso, con una cuarentena implementada
tempranamente bajo el asesoramiento de especialistas en salud independientes y
con un diálogo con referentes de la oposición que están al mando de gobiernos
sub nacionales.
Luego,
todo
se derrumbó, desde lo simbólico y desde lo práctico.
Desde
lo simbólico, se utilizó la cuarentena para hacer politiquería barata, acusando
a los que viajaron al exterior, a los runners, etcétera.
Al mejor estilo
populista generaron enemigos imaginarios para alimentar el circo y así tapar su
incompetencia.
Desde
lo práctico, el tiempo ganado con la cuarentena temprana debía haberse dedicado
a diseñar una estrategia masiva de testeo, identificación y aislamiento, la
cual nunca se implementó .
También
se podrían haber probado estrategias de cuarentenas segmentadas por grupos
etarios, que hubiesen minimizado el impacto económico.
Como
consecuencia de este dislate, la Argentina está en camino a tener una de las
cuarentenas más duras y prolongadas del mundo, con el consiguiente costo en términos de quiebras de negocios y
empresas y la pérdida masiva de empleo .
Las
medidas de alivio económico fueron valiosas pero insuficientes, tanto por la
historia que arrastra nuestro país como por errores de implementación del
gobierno.
El error más
grosero,
como quedó en evidencia estos días con
la retirada de la aerolínea Latam del mercado de cabotaje, fue la
inflexibilidad para echar empleados y las dificultades para suspenderlos o
reducirles el sueldo.
Si
bien todas estas medidas son dolorosas, a veces son necesarias, como cuando un
cirujano le amputa una pierna a un herido de guerra para salvar su vida.
Acá,
muchas empresas se están muriendo por no poder amputar.
Para empeorar
las cosas, el Gobierno tomó un giro de difícil retorno con la imposición de
kafkianas restricciones cambiarias el 28 de mayo y con la intervención de
Vicentin,
con la intención de expropiarla unos días después.
Desde
lo simbólico, las restricciones cambiarias y el intento de expropiación -usando
lenguaje como "soberanía alimentaria" y "empresas transnacionales"-recordaron
a los pocos distraídos que quedaban que este no es un gobierno superador del
kirchnerismo, sino su cuarta aparición, quizás tan chavista como antes, pero
desmejorada por la falta de recursos.
Desde
lo práctico, estas acciones tendrán implicancias importantes sobre la
actividad, la inversión y los precios.
Es muy difícil
operar, existiendo una economía global integrada en la que se producen partes
en todos lados y se intercambian, en un país donde no se sabe cuándo te cortan
el acceso al mercado cambiario para poder importar .
Muchas
empresas van a tirar la toalla y van a irse del país.
Otras, cuando se
revitalice el ciclo de inversiones global, ni van a mirar a la Argentina.
Mientras
tanto, en el corto plazo la restricción está afectando la producción, los
precios y, por lo tanto, la competitividad de industrias que utilizan bienes o
servicios importados, como el sector de la economía del conocimiento.
Las acciones
gubernamentales con respecto a Vicentin son un ataque directo a la propiedad
privada tal como está consagrada en nuestra Constitución Nacional.
De
nada sirve detenerse en las características o en el manejo de los socios de
Vicentin, o en las razones que llevaron a la empresa a ir a un concurso de
acreedores.
Nuestro
sistema institucional tiene una forma de resolver estos problemas, incluyendo
reestructuraciones de la deuda y cambio de dueños en caso de ser necesario.
El
Estado no tiene nada que hacer, más allá de defender sus intereses como un
acreedor más, por los préstamos que le haya otorgado la banca pública a la
empresa.
Una
vez que toleremos la intervención en una empresa, ¿Quién nos asegura que el
Gobierno no seguirá interviniendo otras?
Las
palabras del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, en una entrevista televisiva en
la nacion+, argumentando que "hay muchas empresas concursadas y no vamos a
expropiarlas a todas", trajeron aún más intranquilidad.
Si
bien la Justicia revirtió la intervención de Vicentin el viernes pasado, el
daño está hecho.
Por
efecto de la crisis el número de empresas concursadas crecerá fuertemente.
¿Qué
pasará con ellas?
Los
problemas, además, se retroalimentan.
Excluyendo
YP, hay vencimientos de bonos
corporativos por más de US$8900 millones entre 2020 y 2023, emitidos por
empresas de los sectores más diversos de la economía.
¿Cuál
será la predisposición de los acreedores para refinanciar esas deudas, sabiendo
que corren el riesgo de que luego la empresa sea intervenida o expropiada? Es
decir, la intervención de Vicentin puede llevar a más empresas a un concurso de
acreedores.
Quizás
es lo que estaban buscando.
En
un entorno así, la inversión, que ya es muy baja en la Argentina, caerá aún más.
En
el corto plazo eso es un problema para la recuperación de la economía posCovid.
En
el mediano plazo, nos condena a mantener niveles de pobreza muy elevados.
Un
estudio de Ricardo Arriazu y Fernando Marengo hecho en el año 2016 mostró que, para disminuir los niveles de pobreza a
niveles del 10% en los próximos 20 años, el PBI necesitaba crecer en
promedio cerca de 4,6% por año, para lo que se requiere un nivel de
inversión de ocho puntos superior -en términos de PBI- que en los 55 años
anteriores.
Es
imposible lograr un aumento de la inversión en un contexto de derechos de
propiedad tan débiles.
También
es difícil lograrlo en un entorno macroeconómico volátil y sin acceso a fuentes
de financiamiento baratas, lo que nos lleva al próximo punto.
La otra acción
que está tomando el Gobierno y que nos puede empujar a una crisis colosal es la
no resolución de la saga de la deuda.
A
más de 10 meses de haber arrasado en las PASO, que lo depositaron finalmente en
la Casa Rosada, la actual administración nacional no termina de resolver este
tema.
Se
perdió mucho tiempo al inicio en el diseño de un programa económico, el que de
todas maneras nunca se dio a conocer.
Luego
se emprendieron las negociaciones, sin negociar.
Así,
el gobierno hizo una oferta unilateral que tuvo -supuestamente- menos del 20%
de aprobación por parte de los acreedores.
Un papelón que
debilitó la postura de la Argentina en la mesa de negociaciones.
Después
de este fracaso, el Gobierno comenzó a modificar su postura para acercarse a
valores aceptables para los acreedores.
Pero
la semana pasada, cuando las diferencias monetarias con un grupo de acreedores
eran insignificantes y con otros grupos eran pequeñas, las conversaciones se
cortaron.
Además
de diferencias legales en el diseño de los bonos nuevos, aparentemente el
Gobierno no quiere moverse de un valor de 49,9 dólares (por cada 100 dólares de
deuda), un número solo simbólico para la tribuna política, ya que por otro lado
parece estar dispuesto a endulzar su oferta con un instrumento parecido a los
famosos "warrants", que tanto nos costaron en el pasado.
La
posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores no está cerrada, aunque
la probabilidad de terminar en un default total o parcial parece haber
aumentado.
Un
default podría costar una caída de hasta cinco puntos del producto bruto
adicionales a los que ya va a caer la actividad económica como consecuencia de
la cuarentena y de las medidas chavizantes.
Nos podría
llevar, efectivamente, a ser una de las economías con peor desempeño en el
mundo en 2020-2021 .
Más
allá de su magnitud final, el choque económico será colosal.
Es
tiempo de ponernos a pensar en reformas institucionales y macroeconómicas y
también en acuerdos básicos para que no vuelva a ocurrir nunca más.
El
autor es economista. PhD (Universidad de Pensilvania); fue economista jefe para
América Latina de Bank of América Merrill Lynch.
Coautor
de ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? c/S.Berensztein
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