ROBERTO
CACHANOSKY
¿Cuál
es la causa de utilidad pública para expropiar una empresa de las
características de Vicentin?
La
decisión del gobierno de decretar la intervención de Vincetin, una empresa que
está en proceso de convocatoria de acreedores muestra la inseguridad jurídica
en que ha caído la Argentina y las escasas chances que tenemos de salir de esta
larga decadencia si no se afianzan los derechos de propiedad.
En primer lugar,
hay que resaltar que más allá de si Vicentin hizo maniobras fraudulentas o
simplemente torpeza empresarial, es un tema que tiene que resolver la Justicia.
Si
Vicentin está en convocatoria de acreedores, hay un síndico nombrado por el
Juez.
Y
si no se llega a buen puerto con la convocatoria y no aparece ningún comprador,
entonces se producirá la quiebra.
Pero en ningún
momento es atribución del Poder Ejecutivo nombrar un interventor en la empresa.
El
problema de Vicentin es un problema empresarial que no debería pasar a mayores.
El problema toma
volumen cuando el Ejecutivo se toma derechos que no le corresponden y atropella
a otros poderes.
Ni
que hablar de la expropiación de la empresa, dado que no existe causal para que
se expropie una empresa de esas características.
Dice
el artículo 17 de la Constitución Nacional: La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación
por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente
indemnizada.”
Aquí no se ve
causa de utilidad pública para expropiar una empresa de estas características.
Podría
expropiarse una parte de un campo para construir o ampliar una ruta, pero no se ven los motivos de utilidad
pública en un conglomerado de empresas que producen bienes transables.
En
definitiva, este comportamiento del Ejecutivo afirma las señales de que
invertir en Argentina es sumamente riesgoso porque no están afianzados los
derechos de propiedad.
Pero
lo más ridículo de todo es que Vicentin está en convocatoria de acreedores y viene
el Estado, que también está en convocatoria de acreedores negociando no caer en
default, a decir que va a salvar a Vincentin.
Un
concursado quiere salvar a otro concursado.
Yo
diría, un quebrado pretende salvar a otro quebrado.
Mientras
estamos debatiendo si el Poder Ejecutivo
puede intervenir una empresa y pedir su expropiación y, al mismo tiempo, el
gobierno endurece la cuarentena violando el artículo 14 de la Constitución
Nacional, la economía sigue en caída
libre.
En
efecto, la estricta cuarentena empieza a mostrar su impacto sobre el nivel de
actividad.
En
abril, primer mes completo de cuarentena, la
actividad industrial cayó el 33,5% con relación a abril de 2019,
habiendo caído en abril del año pasado otro 8,9% respecto a abril de 2018,
justo el mes anterior a que se desatara la crisis cambiaria y la recesión.
En
abril, la industria trabajó, en
promedio, al 42% de su capacidad instalada con sectores como el
automotriz o productos del tabaco que directamente no trabajaron nada.
La
industrial textil fue otra de las fuertemente golpeadas.
Desde
que se hizo la nueva serie de utilización de la capacidad instalada, luego de
la recuperación del Indec en la época de Moreno, es el nivel más bajo de
utilización de la capacidad instalada.
Para
tener una idea, en enero de 2002, uno de los peores momentos de la crisis, la industria trabajó al 48% de la
capacidad instalada.
Es
decir, ahora está por debajo de ese nivel de un momento crítico de nuestra
historia económica como fue el verano de 2002.
Por el lado de
la construcción la caída fue del 75,6% interanual en abril, comparado con
abril de 2019 que ya había caído 7,6% con relación a abril de 2018.
En
otras palabras, los niveles de destrucción económica a los que estamos asistiendo
son realmente alarmantes.
Los
datos oficiales del Ministerio de Trabajo sobre ocupación en blanco muestran una caída en marzo respecto a
febrero de 117.900 puestos de trabajo.
La
caída en la actividad económica se traduce en una fenomenal baja de la
recaudación tributaria combinada con un aumento del gasto público que dispara
el déficit fiscal, el cual se cubre con una fuerte expansión monetaria.
En
abril, los ingresos tributarios del tesoro sumaron $ 271.175 millones y la
emisión monetaria para financiar el gasto fue de $ 310.000 millones.
En
mayo, los ingresos tributarios fueron $ 324.673 millones y la emisión monetaria
que hizo el Banco Central para financiar al tesoro fue de $ 430.000 millones. Es decir, la emisión monetaria se ha
transformado en la principal fuente de financiamiento del tesoro.
Además, el
gobierno va por el cuarto o quinto ultimátum en la negociación de la deuda
pública.
Sobre
este tema insisto en un punto fundamental: la solución del problema de la deuda
solo será posible si previamente se soluciona el problema que llevó a
endeudarse.
Y
la causa que llevó a endeudarse es consecuencia del aumento del gasto público
que genera un déficit fiscal que se cubre con deuda pública.
Mientras
no se resuelva el problema que llevó al endeudamiento, el problema de la deuda reaparecerá sistemáticamente.
En
síntesis, hoy impera la inseguridad jurídica para los inversores, estamos en
default, el Estado con un fenomenal déficit fiscal e inflación reprimida
(congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, precios máximos, tipo
de cambio pisado, etc.) junto con una histórica caída del nivel de actividad.
El
horizonte marca que nos dirigimos a una crisis económica, social y tal vez
política con derivaciones inciertas.
Es
casi inevitable que, si siguen estás condiciones de política económica e
inseguridad jurídica, terminemos en
una inflación de tres dígitos anuales y un importante aumento del tipo de
cambio, tal vez antes de fin de año.
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