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Si se mira esta polémica en perspectiva, se vuelve más deprimente.

En su momento, Juntos por el Cambio se sirvió de una maniobra similar.

Como la ley vigente, que es la que en diciembre se declaró inconstitucional, le daba una representación especial a “la mayoría” y no al “bloque mayoritario”, Emilio Monzó y Nicolás Massot consiguieron la adhesión de otras bancadas para, armando esa mayoría ocasional, designar en el Consejo al diputado Pablo Tonelli.

El kirchnerismo y los diputados del Frente Renovador pusieron el grito en el cielo.

Pero al poco tiempo utilizaron la misma estratagema para convertir a Eduardo de Pedro y a Graciela Camaño en consejeros.

La repetición de estas pillerías revela un vicio compartido por la mayor parte de la clase política:

La pulsión irrefrenable por controlar a la Justicia.

En el caso de Cristina Kirchner, esa pretensión se sostiene en una concepción antiliberal expresa: las disposiciones de quienes son depositarios del voto popular no deben ser sometidas a la supervisión de la Justicia ni a la crítica de la prensa.

La división de poderes es un dispositivo conservador, que pretende distorsionar la voluntad popular.

Sería injusto interpretar que esa vocación de la vicepresidenta por dominar los tribunales apareció después de que se multiplicaran las causas penales en su contra.

Apenas Néstor Kirchner llegó a la Presidencia, ella se puso al frente del juicio político a la Corte.

En 2006 lideró la reforma del Consejo de la Magistratura, con un formato que la Justicia acaba de anular. Disconforme con su propia criatura, en 2013 propuso otra modificación, que pretendía atar la designación de Consejeros a las elecciones generales.

La iniciativa, denominada “democratización de la Justicia”, fue también anulada por la Corte.

Más allá de los accidentes de esta peripecia, se advierte una coherencia desde el punto de partida: se trata de suprimir la independencia de los magistrados.

Todos deben ser el juez Alonso.