En
la Argentina hay presos políticos, más allá de lo que afirme el 'relato'
emergente de los tiempos K (que incluyen a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que aceptó como constitucional aún aquello que no lo es).
Es menester
resolver la cuestión de los presos políticos, y cerrar una etapa de rencores
que ni siquiera se pueden despejar en el contexto elegido por los K y sus
simpatizantes.
Hasta
ahora, Mauricio Macri evitó abordar el tema, probablemente a causa de otras
prioridades, pero no puede ignorarse la existencia del problema.
Como
un aporte al Presidente de la Nación, aquí algunas elucubraciones:
A
40 años de los acontecimientos casi 500 personas continúan detenidas en
cárceles comunes y una 600 en prisión domiciliaria.
A
diferencia de Irlanda, España, Uruguay o Sudafrica, Argentina sigue sin
resolver las secuelas de los enfrentamientos de la década de los 70.
A
pesar de no pocos intentos llevados adelante por instituciones religiosas y
ONGs, la postura de los llamados organismos defensores de los derechos humanos,
continua pregonando la teoría de “los santos inocentes” que se resume burdamente en que en el país no existió ninguna
confrontación armada, solo
militares (y civiles) que salían por las calles a secuestrar y matar gente
inocente.
No
es relevante que las organizaciones armadas publicaran sus atentados bajo el
rótulo de “partes de guerra” (lo que llevaría a pensar que ellos se suponían
“en guerra”) o se retrataban en uniformes ad hoc, publicaban sus jerarquías e
insignias y escribían un código de justicia…
A
pesar de estos elementos y muchos otros una “justicia tuerta” insiste en que solo las fuerzas armadas cometieron
crímenes a los que post-facto llamaron de “lesa humanidad”.
Argentina
es, hasta donde sabemos, el único país del mundo que “anuló” una ley que fue
aprobada por el Congreso de la Nación, cumpliendo todas las condiciones que
marca las constitución.
A
nuestro entender, una ley que fue
aprobada y promulgada se puede “derogar” mediante otra ley, también aprobada
por el Congreso, lo que implica que sus efectos caducan, a futuro, pero no se
puede anular pretendiendo que nunca existió.
A
esto se suma que a lo largo de los años se generó un verdadero “negocio”, una
especie de “Derechos Humanos S.A.” que mueve millones, no solo en las
misteriosas indemnizaciones, que permanecen secretas, sino en inmuebles,
cargos, presupuestos, logística etc., todo
financiado por el Estado Argentino.
Estos
son algunos de los factores que hacen tan difícil encontrar la solución a un
tema que son muchos los que prefieren ignorar; en base al mito que no existe
solución posible cuando en realidad, de existir voluntad política, son muchas
las cosas que se podrían hacer y corregir con auxilio de la ley.
Por
ejemplo, en todo juicio criminal, es la fiscalía la que corre con la “carga de
la prueba”, porque según la ley existe la presunción de inocencia.
En
los casos de los acusados por la violencia de los años 70, comencemos por
señalar que sus expedientes circulan por los tribunales con un gran sello rojo
que se lee “LESA” (¿no será discriminatorio?) y en la práctica es el imputado
el que debe demostrar su inocencia, por cuanto la mera acusación es indicio
suficiente y muchas veces se acompaña, sin más con la prisión preventiva.
Una
persona acusada de un crimen puede ser mantenida en prisión preventiva, sin
juicio, dos años, que excepcionalmente se pueden prolongar un año más cuando
existan razones fundadas.
Se
conocen en el ámbito de “lesa” prisiones preventivas de más de 10 años, siendo
cosa común hablar de 5,7 o 9 años.
No son pocos los
detenidos de más de 80 años en estas causas, a pesar que
deberían eventualmente estar en prisión domiciliaria y que en los delitos
comunes es difícil encontrar detenidos que superen los 65 años.
Hoy
el promedio de edad de los acusados “de lesa” supera los 75 años.
Para comienzos
de 2017 son casi 400 personas las que murieron en prisión y la cuenta
sigue aumentando.
Existen
múltiples casos bien documentados de testigos que fueron cuidadosamente preparados
antes de su testimonio, como así también de impedimentos que el tribunal impone
a las defensas para cuestionar a los testigos, so pretexto que se los estaría
“victimizando” si se pone en duda sus dichos.
Miembros
de los tribunales de justicia que en el pasado lo fueron de las organizaciones
armadas y que aun así no se duda de su objetividad y los intentos de recusación
suelen caer en saco roto.
Otro
dato para la reflexión, en el ámbito de los tribunales de apelación sobre 190
acusados, solo 20 fueron encontrados inocentes y más de un 35% recibió como pena la cadena perpetua.
A
40 años de los acontecimientos casi 500 personas continúan detenidas en
cárceles comunes y una 600 en prisión domiciliaria.
Hasta
el día de la fecha todos los intentos para llevar ante la justicia a los
miembros de las organizaciones armadas no dieron fruto alguno y no pocos han
dado amplio testimonio de los crímenes cometidos en la seguridad que
permanecerán impunes.
¿Existe
una solución mágica?
No
la hay, pero la aplicación de la ley en forma equitativa y sin tolerar
presiones mediáticas, ya sería un paso muy importante.
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