El
plan económico y social que Juan Grabois le presentó a Alberto Fernández
El líder de la
CTEP se reunió con el Presidente a principio de mes. Donación de tierras a los
agricultores, creación de 4 millones de puestos de trabajo e integración urbana
de los barrios populares
Seis
objetivos concretos, un mecanismo de financiamiento, un método y un estudio
sobre el impacto económico de la aplicación.
Juan
Grabois, el líder de la CTEP, le presentó un plan a Alberto Fernández para
generar trabajo, mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables y
cuidar el medio ambiente.
Lo
hizo en los primeros días de mayo, en Olivos, y después de la reunión se llevó
la promesa del Presidente de que sería estudiado.
El
Plan General San Martín –bautizado también como el plan Marshall criollo Poblar y crear Trabajo– plantea
una serie de objetivos para el país que nacerá después de la pandemia:
Crear
cuatro millones de puestos de trabajo, fundar pequeños pueblos, llevar a cabo
la integración urbana de barrios populares,
crear
nuevos barrios, entregar tierras a las comunidades agrarias y cuidar el medio
ambiente promoviendo la utilización de energías renovables.
La inversión
inicial sería de $750.000 millones al año y el financiamiento sería generado
con lo que se ahorre del pago de la deuda que el gobierno nacional se encuentra
renegociando. Otra alternativa sería el incremento de impuestos y aportes de
carácter progresivo.
La
planificación marca un plan de acción de cuatro años que tendría una conducción
unificada y en la que participarán diferentes organismos.
Además, propone
la unificación de todos los programas sociales nacionales y una distribución
coordinada de los roles de cada organización social.
También impulsa
la conformación de un fondo fiduciario llamado “Fondo Mugica” y la
implementación de consorcios de cogestión.
El
documento describe un contexto que, de alguna forma, sirve como argumento para
la implementación del plan.
Habla
de “una grave situación socioeconómica” después de la pandemia, también de
condiciones de “hacinamiento y falta de acceso a la tierra”, y de “intolerables
condiciones de vida para los habitantes de los barrios populares” donde hay un
“altísimo porcentaje de exclusión de servicios básicos (agua, luz, cloacas)”.
Además, destaca un marco de “inseguridad y
violencia producto de las grandes urbes desiguales y hacinadas”, un
“altísimo porcentaje de población en emergencia” que supera los 7 millones de
personas, y un “descalabro del sistema de seguridad social con múltiples
políticas superpuestas”.
Por
otra parte, el texto destaca una serie de aspectos positivos para la
implementación y coordinación del plan.
Entre
ellos hace alusión a que hay en las comunidades más humildes “capacidad
organizativa para ejecutarlo” y que existen “enormes reservas de organización
comunitaria, movimientos sociales, iglesias, voluntarios, universidades,
sindicatos, organismos públicos y militancia” para poder distribuir los roles y
llevar a cabo el proyecto.
Otra
parte del documento enumera una serie de requerimientos para que se pueda
llevar adelante el plan.
Señala
la necesidad de tener un presupuesto, un fideicomiso, una autoridad que
centralice las áreas que están involucradas en el plan,
el
acceso a tierras nacionales de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE), la provincia y los municipios;
bancarización,
sindicalización y ampliación de derechos
para los cuatro millones de trabajadores;
digitalización
y coordinación de áreas involucradas; coordinación con la Escribanía General de
la Nación y las de las provincias para regularizaciones dominiales y
escrituras; y mecanismos de
transparencia que permitan dejar en claro el manejo de los fondos que se está
realizando.
El
“Fondo Mugica” serviría para el desarrollo de 4.000 “módulos de trabajo
comunitario” dividido en cuatro áreas diferentes:
Economía
social, integración urbana, agricultura familiar y organismos.
La ANSES
inscribiría a los trabajadores y liquidaría los pagos mensuales contra el
certificado de trabajo que emitiría el Consorcio de Co-Gestión Comunitaria. Ese
consorcio estaría integrado por movimientos sociales, iglesias, municipios,
sindicatos y otras entidades.
Según
destaca el proyecto, “el alcance social son 4 millones de trabajadores con
salario social complementario y derechos laborales básicos con un salario
social complementario de 10.000 pesos” y la contraprestación se estipula “en 60 horas mensuales certificadas”.
El
alcance material sería de 4.000 obras concretas entre loteos, urbanizaciones,
colonias agrícolas, viviendas, unidades productivas y servicios instalados.
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