Por Christian Sanz
“El gobierno va
a tener serios problemas por expropiar Vicentin, básicamente porque la empresa
estaba concursada y solo la Justicia puede intervenirla”.
La
frase me la dijo anoche uno de mis abogados, experto en derecho comercial.
Y
vaticinó: “La historia va a terminar como YPF, con la Argentina pagando una
millonada en indemnizaciones”.
Más
allá de lo que vaya a pasar a futuro con esa firma, hay un antecedente que
muchos parecen haber olvidado y que involucra al hoy presidente Alberto
Fernández.
Refiere
a los idus de 2004, cuando Néstor Kirchner intentaba expropiar otra empresa:
Curtiembres
Yoma, perteneciente
a la familia política del ex presidente Carlos Menem.
La
situación era similar, aunque no tan escandalosa.
También había
una abultada deuda de la firma con el Banco Nación —de unos 183 millones de
pesos— y otro tanto adeudado a los bancos Provincia y Ciudad.
La
Justicia federal porteña supo investigar entonces esas operaciones porque
presumía que los préstamos habían sido concedidos de manera irregular y que los hermanos Karim y Emir Yoma habían
presentado garantías duplicadas para obtenerlos.
“Se
han llevado a manos llenas plata de todos los argentinos y hoy no la podemos
cobrar, no pagan y están los tribunales impidiendo esos cobros”, dijo Néstor a
principios de septiembre de 2004, con elocuente enojo.
Incluso
avanzó más allá al acusar a los Yoma de “estafar” al país durante el acto de
lanzamiento del segundo tramo del Fondo Nacional para la Creación y
Consolidación de los Micro emprendimientos (Fomicro), financiado precisamente
con recursos del Nación y que tenía por objetivo respaldar la actividad de los
microempresarios.
La
vorágine discursiva escaló al paso de los días y, al tiempo que el kirchnerismo
insistía en fustigar a los Yoma, Néstor iniciaba conversaciones paralelas con
puntuales funcionarios para analizar la expropiación de la curtiembre.
Quien evitó que
ello ocurriera fue el mismísimo Alberto Fernández, entonces jefe
de Gabinete de Ministros de la Nación.
Su
añeja amistad con Emir Yoma “obró el milagro”.
Finalmente,
el 28 de septiembre de 2005, por decisión de un tribunal de La Rioja, la
familia fue desplazada de la conducción de la empresa.
Al
mismo tiempo, la Justicia nombró a un síndico para que la gestione.
Quien
viajó a La Rioja para interiorizarse de la cuestión fue Felisa Miceli, entonces presidenta del Banco Nación.
Dos años más
tarde, le encontrarían un bolso con 100 mil pesos y más de 31 mil dólares en el
botiquín del baño de su despacho.
Por ello, fue
condenada a 4 años de prisión y debió renunciar a su cargo como ministra de
Economía.
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